La noticia de la expropiación de YPF me ha pillado estudiando los programas públicos de apoyo a las inversiones españolas en el exterior, los cuales vienen determinados por el concepto de “interés español” para determinar el apoyo. 
Frente a la postura de indignación y rechazo del gobierno y el principal partido de la oposición, el sector más izquierdista ha considerado inoportuno el apoyo a Repsol en su batalla contra la nacionalización de Argentina.
En un artículo titulado “Repsol no es España” el catedrático Juan Torres López critica la política de Repsol y alega los atropellos ecológicos y económicos que la multinacional supuestamente ha cometido dentro y fuera de nuestras fronteras.
Sin querer decir que los argumentos de Torres López sean del todo equivocados, me gustaría exponer mi punto de vista formado a partir de la revisión de la noticia durante varios días y varios medios de comunicación.
Frente a la denuncia de Torres López de que en Ecuador, Bolivia y otras latitudes ha provocado grandes daños medioambientales y sociales y vulnera constantemente los derechos humanos de pueblos enteros, generando una ingente deuda ecológica allí donde actúa, me gustaría recordarle que el propio Evo Morales ha dejado claro que el gobierno de Bolivia tiene una relación de confianza con Repsol y que Repsol respeta toda la normativa boliviana en su actividad empresarial en dicho país.
Estas declaraciones del presidente Evo Morales me han resultado llamativas debido a la clara acusación generalizada que se deriva del artículo del profesor Torres López.
Creo que este no es un caso de buenos o malos, pero sí que creo que la presidenta argentina ha actuado de forma arbitraria y populista, ya que sin haberse terminado de debatir siquiera el proyecto de ley de nacionalización, ya ha sido ocupada la sede de YPF en un acto hostil y de malas maneras.
También creo probable que el acto de nacionalización por las malas que ha emprendido la presidenta pueda ser una maniobra de desvío de la atención de otros problemas que aún existen en la República de Argentina. La gestión pública del país quedó manchada hace poco por el accidente de tren ocurrido en Buenos Aires hace dos meses y que puso de manifiesto el lamentable estado de la red ferroviaria del país.
Por eso no me extrañaría que la presidenta quisiera – entre otras cosas – hacer una manifestación pública de fuerza patriótica, para lo cual esta nacionalización ya le ha supuesto arranque de aplausos y una cierta euforia nacionalista.
Igualmente sería razonable pensar que la exaltación por este litigio de índole privada de nuestro presidente del gobierno puede ser una estrategia para desviar la atención – aunque sea por un ratito – de las propias dificultades y ajustes por los que atraviesa España.
En cualquier caso, sería interesante volver a analizar la cuestión más desde un punto de vista técnico que desde un punto de vista ideológico y/o patriótico.
En el artículo anteriormente mencionado, el conocido catedrático Torres López argumenta que las multinacionales son fundamentalmente apátridas y que Repsol no es tan española por la composición de su capital ni por la estrategia empresarial que persigue. Sin embargo, en la Ley de Sociedad Anónimas, en su artículo 5, explica que las sociedades anónimas que tengan su domicilio en territorio español, sin importar el lugar en que se hubieren constituido, se considerarán españolas. Y Repsol YPF tiene su sede corporativa en Madrid. De acuerdo a la legislación es totalmente oportuno, legítimo y necesario que la diplomacia española se vuelque en la defensa de los intereses de la petrolera, puesto que esta es con arreglo a nuestra legislación, una empresa transnacional española. A esto habríamos que añadir que una importante parte de su accionariado está en manos de personas físicas y jurídicas españolas.
Otros economistas, como el profesor Chang de la Universidad de Cambridge, opinan que las multinacionales sí siguen teniendo una estrecha vinculación con el país donde se crearon y con su correspondiente matriz. La visión de multinacionales apátridas no es común a todos los economistas.
En cuanto a las malas prácticas (precios de transferencia, actividades offshore en paraísos fiscales...) expuestas por el profesor Torres López, me gustaría señalar dos cosas: uno, son prácticas que, efectivamente, dañan a las economías nacionales que ven mermados sus ingresos fiscales. No obstante, el dedo acusador yo lo dirigiría más bien a la comunidad internacional, G-8, G-20, OMC, FMI etc, donde quizás falte voluntad política para acabar con estos graves problemas, fuertemente debatidos entre 2008 y 2009, cuando estábamos en el epicentro de la crisis financiera. España no es el único país que se ve perjudicado por la existencia de paraísos fiscales, secreto bancario y desregulación financiera en general. La existencia de estos graves problemas ponen de manifiesto la necesidad de una mejor gobernanza mundial – por un lado – y por otro lado, pone una vez más de manifiesto la necesidad de luchar contra la existencia de Estados fallidos, repúblicas bananeras y el excesivo liberalismo económico donde no tiene cabida la intervención pública, como ocurre en algunos países en vías de desarrollo, muchos de ellos productores de petróleo y otras commodities.
Retomando el tema de la expropiación de Repsol YPF en Argentina, es importante señalar que la expropiación está contemplada – si bien de un modo poco definido – en el acuerdo bilateral entre España y Argentina de promoción y protección recíproca de inversiones, el cual señala que la nacionalización, expropiación, o cualquier otra medida de características o efectos similares que pueda ser adoptada por las autoridades de una Parte contra las inversiones de inversores de la otra Parte en su territorio, deberá aplicarse exclusivamente por causas de utilidad pública conforme a las disposiciones legales y en ningún caso deberá ser discriminatoria.
Estamos pues ante un caso en donde es necesaria la mediación arbitral y serán los laudos arbitrales los que deberán determinar si, efectivamente, estamos ante un caso de utilidad pública que justifica tal intervención, y si realmente la intervención no ha sido discriminatoria, pues resulta sorprendente que solamente se haya arremetido contra el capital de Repsol y no contra otros capitales extranjeros. También deberán determinar la cuantía necesaria para resarcir a los accionistas de Repsol YPF por los daños y perjuicios causados.
Con una presidenta que hace diez años apoyó la privatización de YPF, cuando en Argentina gobernaba Carlos Ménem, y que ahora hace una maniobra de nacionalización con muy malas maneras, Argentina tiene ahora la mirada de los inversores puestas sobre ella y es cosa suya y de interés nacional tomar las medidas necesarias para reforzar la seguridad jurídica de los inversores extranjeros en Argentina. Si Argentina no quiere desaprovechar la buena coyuntura económica actual, con un crecimiento económico alrededor del 7% y una balanza comercial positiva de 10.477 millones de dólares (Fuente: Diario El Mundo: ELMUNDO.ES) debería andarse con mucho cuidado en sus decisiones políticas. Ahuyentar la inversión extranjera no creo que sea la mejor manera de hacer las cosas.
No hay país razonable en el actual escenario económico internacional que decida apostar por la privación absoluta de inversión directa en su territorio nacional, dado el enorme coste de oportunidad que esto supone a cualquier economía – desarrollada o en vías de desarrollo –.
Es bien cierto que en el caso de YPF, la inversión directa que hizo Repsol, es del tipo así denominado brownfield investment (fundamentalmente, fusiones y adquisiciones) y que puede que no resultase tan beneficiosa para los intereses nacionales argentinos. No es de extrañar por tanto, que muchos argentinos piensen que cuando Repsol se hizo con las acciones de la compañía otrora estatal fue un negocio magnífico para la firma española, y pésimo para los intereses de los argentinos. Y que Repsol y España aprovecharon el saldo, tal y como recoge un interesante artículo del Diario El Mundo.
Eso, junto con otros elementos, como el carácter estratégico de un recurso no renovable, como el petróleo, hace razonable que los argentinos vean con buenos ojos la renacionalización de YPF.
A modo de conclusión, es importante señalar que Argentina se ha metido en un estrecho callejón con su decisión de expropiación cuya salida dependerá de cómo continúe su coyuntura económica, cómo se refuerce la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras, puesta ahora en entredicho. También está por ver si la nueva YPF estará en condiciones de realizar las inversiones necesarias para aumentar el volumen de producción de petróleo. Si realmente cumplen con lo que dicen, puede que Argentina salga ganando con su recuperación de YPF.
En cuanto a España, ésta debe defender sus intereses legítimos fuera de su territorio y también debe comprender que una guerra comercial perjudicaría aún más a los intereses españoles en Argentina. Por eso mismo, es necesario que seamos más diplomáticos que nunca.
